MARIBEL GONZÁLEZ. Así lo puso de manifiesto Donata Vivanti, vicepresidenta del EDF, en un taller relacionado con la educación inclusiva desarrollado dentro de la Conferencia sobre Discapacidad y Autonomía Personal, que se clausura este viernes en Zaragoza y que se ha convocado dentro de los actos de la Presidencia española de la UE.
Ante esta situación, Vivanti pidió a los partidos políticos que garanticen por ley un sistema educativo a todos los niveles para las personas con discapacidad. "Todos los países deben tener una garantía constitucional o equivalente sobre una educación gratuita para todos los alumnos, tengan o no discapacidad", dijo.
Puso también el acento en la situación de las niñas y adolescentes con problemas físicos, psíquicos o sensoriales, que requieren de "medidas especiales" para ampliar su formación, ahora menor que la de los niños.
En su opinión, para hacer la "transición" a la verdadera educación inclusiva es necesario también formar a los docentes, a las familias y a los compañeros de clase, proporcionar transporte inclusivo e impedir que el sistema prohíba a personas con discapacidad llegar a ser profesores.
Y todo esto, concluyó la vicepresidenta del EDF, precisa de más recursos incluidos en los presupuestos generales de educación que estén siempre disponibles.
APOYOS
Por parte del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), María Luz Sanz, vicepresidenta, señaló que "no existe un único patrón al que deban ajustarse los alumnos con discapacidad por el hecho de serlo", lo que supone que ha de haber "una educación inclusiva eficaz", capaz de responder a las necesidades particulares de cada estudiante.
Por tanto, subrayó, el sistema educativo debe garantizar el acceso de los niños con discapacidad a los centros ordinarios de educación, que tendrán que contar con apoyos para hacer los ajustes necesarios a las peculiaridades de cada alumno.
Sanz aprovechó para congratularse por la inclusión en el Pacto por la Educación propuesto por el ministro del ramo, Ángel Gabilondo, de las principales demandas planteadas por el Cermi, si bien matizó que el texto debería recoger aspectos como la evaluación de la respuesta educativa dada al alumnado con discapacidad.
Y es que, concluyó la representante del Cermi, toda inversión real hecha en los primeros años de vida evita mayores inversiones durante la etapa adulta. En la misma línea que la vicepresidenta del Cermi se manifestó la moderadora de la mesa, Adoración Juárez, directora del colegio de educación inclusiva preferente para alumnos con discapacidad Tres Olivos de Madrid, quien subrayó que no cualquier modelo educativo de inclusión sirve para todos los alumnos con discapacidad, ya que cada problema tiene sus caracteísticas y, por tanto, sus necesidades específicas.
MÁS QUE ESCOLARIZACIÓN
Juárez hizo hincapié en la necesidad de entender la educación inclusiva como algo más amplio que la mera escolarización en centros ordinarios de niños con discapacidad, porque, argumentó, al colegio se va a algo más que a aprender lo que viene en los libros.
También participó en el taller Rosa Peñalver, directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, quien apuntó que los Estados deben garantizar la adecuada formación a los alumnos con discapacidad, que requieren de una educación inclusiva real.
Aunque reconoció que "sin duda todavía queda mucho por hacer" para lograr una verdadera educación inclusiva, porque supone transformar un sistema y una concepción social, consideró que España puede felicitarse por su situación formativa.
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